Los irrecuperables
Por: Juan Monroy
Jurista
Un congresista filtró información que afectó al país, luego se disculpó diciendo que no fue su intención. Otro filmó a un compañero en una situación incómoda y entregó el video a los medios. Después aquel fue grabado diciendo que si algo importa de su cargo es “asegurar la suya”.
Un tercer congresista, al hacer el descargo por sus gastos operativos, “probó” que hay días en que comió más pollo que diez leones hambrientos, con el respeto que se merece el rey de la selva.
Se abrió un concurso para un cargo importantísimo, precisamente ligado con el control de la cosa pública. Quien sea elegido deberá investigar, antes y durante, los gastos del Gobierno Central, las empresas del Estado y de cualquier funcionario público.
Sin embargo, estuvo a un tris de ser designada una persona que había falsificado su currículo. ¿Solo el siglo XX fue un cambalache?
La licitación para adquirir patrulleros se convirtió en el cuento de nunca empezar. Al final no se supo qué es chino, si los vehículos o el cuento de la compra de automóviles sobrevaluados, que carecen de repuestos y con un taller de reparaciones infame.
Estos y otros detalles no arredraron al ministro —adherido al cargo como la almeja a la roca—, quien mantuvo el fajín en tanto contaba con la “confianza del presidente”, probablemente una de las frases más socorridas y patéticas de la política criolla. Solo un tsunami que arrastró a todo el Consejo de Ministros logró desprenderlo.
Se difundieron audiciones en las que personas con capacidad de decisión sobre la cosa pública se emocionaron y exaltaron cuando una empresa transnacional ganó una licitación. Después aparecen más audiciones que amenazan descalabrar todo y la fiscal de la Nación sufre un atentado. Entonces, poco a poco, la interceptación se convierte en un delito más grave que cualquier fechoría que pueda ser probada por ella. Es criminal intervenir comunicaciones, ¿más que depredar la cosa pública impidiendo que el Estado cumpla sus deberes mínimos (salud, educación y justicia)?
En 1981 una represión policial en el Cusco produjo la muerte de un estudiante universitario. El ministro del Interior renunció en el acto sin que nadie se lo pidiera. ¿Qué diferencia a este ministro de los demás? La responsabilidad política, es decir, la estimación que cada quien tiene sobre cómo, para qué y a quién se sirve cuando se usa el poder.
La diferencia está, entonces, entre quien asume un cargo público como un mandato (un encargo directo o indirecto de los ciudadanos) y quien cree que ejercer poder no tiene más límite que la norma penal. Así de sencillo.
Todo funcionario público se relaciona con la cosa pública. Sus decisiones, su ingreso y su escritorio son públicos, o sea de todos. Don José María de la Jara y Ureta lo tenía muy claro. Por eso, consideró que lo que no se puede justificar ética o racionalmente, se asume como responsabilidad y se acabó.
Lamentablemente, hemos entrado al siglo del pragmatismo absoluto. El darwinismo del mercado ha adelgazado de tal manera la responsabilidad política que casi la ha extinguido. Hoy el único límite del comportamiento de un funcionario público es la responsabilidad penal, vale decir, el análisis sobre un futuro acto público no consiste en apreciar si afecta la moral pública o la ética social. La única duda será saber si es o no delito y si puede o no ser descubierto. También en algunos casos la duda está en cuándo prescribe.
La dignidad de un funcionario público y su deber de ser paradigma para su comunidad son valores sociales que han desaparecido. Puede haber alguna duda sobre si el hombre desciende del mono, pero que avanza hacia él es irrefutable. Sin embargo, este pesimismo pretende ser presupuesto de la acción, como quería Schopenhauer. Un buen comienzo será recuperar la memoria: no podemos seguir eligiendo o permitiendo que nos representen los irrecuperables
EL COMERCIO 23-02-2009
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