GARANTÍAS. FACILITAN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EJERCER DERECHO A LA IDENTIDAD
Tutela jurídica para el ciudadano
Destacan Ley Nº 29312 sobre reinscripciones ante el Reniec
Norma moderniza Estado y da efectividad al proceso administrativo
Cecilia Reynoso Rendón
Abogada (*)
Desde hace algunos años escuchamos –cada vez con mayor frecuencia–, desde diversos sectores de la sociedad, voces que claman por la modernización del Estado. Sin embargo, poco se ha dicho sobre la relación que existe entre esta modernización y su contribución al ejercicio real de ciudadanía.
La Defensoría del Pueblo realiza, en cumplimiento de su mandato constitucional, la supervisión a las organizaciones del Estado y, a la vez, promueve y defiende los derechos fundamentales de la persona. Por ello está totalmente consciente del vínculo existente entre un Estado moderno –y, por ende, eficiente– y el ejercicio pleno de los derechos fundamentales.

En ese contexto, la institución ha emitido recomendaciones a diversas entidades del Estado, exhortándolas a implementar procedimientos administrativos más eficientes que impliquen un mayor y mejor ejercicio de derechos.
Un ejemplo de este vínculo es la aprobación por el Congreso de la República de la Ley Nº 29312, que regula el procedimiento de reposición y reinscripción de las partidas de nacimiento, matrimonio o defunción que hubieran desaparecido o fueran destruidas a consecuencia de negligencia, hechos fortuitos o actos delictivos. Esto, a raíz de una recomendación de la Defensoría del Pueblo en su Informe Defensorial Nº 130, en el que planteaba la solución de problemas como el que se describe a continuación.

Jesús se acercó a la oficina de Registro Civil de su localidad para que le extendieran una copia de su partida de nacimiento, pues pronto iba a contraer matrimonio. Sin embargo, grande fue su sorpresa al enterarse de que el registro había sido destruido y que para obtener una nueva partida debería probar, con una copia de la partida destruida, que anteriormente estuvo inscrito en el referido registro.

Aunque parezca absurdo, ésta es la situación que miles de personas debieron encarar ante la destrucción de los registros civiles, sobre todo durante la época de violencia que vivió nuestro país. La administración pública –por definición– debe estar al servicio del ciudadano, pues es la encargada de viabilizar las políticas públicas y planes de gobierno, convirtiéndose en el nexo entre dichas políticas y las personas que acuden a una dependencia del Estado con un problema concreto.
(*) Programa Identidad y Ciudadanía de la Defensoría del Pueblo.

Relación Estado-ciudadano
La Ley Nº 29312 sobre reposición de partidas podría ser vista como una norma más, pero en realidad plasma un cambio en la relación Estado-ciudadano, pues rompe con una concepción clásica en que el ciudadano es el responsable de impulsar y dar seguimiento al procedimiento administrativo y devuelve esa responsabilidad al Estado.

Si antes el ciudadano debía probar que se había inscrito en un registro que ya no existía, la nueva ley plantea que será el Reniec, en su condición de organismo responsable de salvaguardar estos registros, el que debe reponer todas las actas destruidas como consecuencia de la violencia o algún hecho fortuito o de fuerza mayor.
Para ello deberá valerse de la documentación que obra en el Archivo de la Nación, de sus bases de datos o de otras fuentes que le permitan volver a dotar de partidas a todas aquellas personas que resultaron afectadas por estos hechos. El Reniec ya inició la implementación de cambios institucionales que permitan hacer viable esta norma, lo cual se debe saludar.

Efectos esperados
Lo innovador de la Ley Nº 29312 no reside solo en lo que significará, para miles de personas que perdieron sus partidas, obtener nuevamente estos documentos, sino en la concreción de un paradigma de servicio al ciudadano.

En otras palabras, el procedimiento administrativo se ha convertido en un instrumento que hace efectivo un derecho ciudadano conforme a los principios del derecho administrativo moderno.

La Defensoría del Pueblo cree en cambios que, como éste, implican una mejora en la gestión del Estado, lo cual demuestra que la eficiencia no está reñida con el respeto a los derechos fundamentales, pues sólo así se puede hablar de una verdadera reforma del Estado.
EL PERUANO