domingo, 26 de abril de 2009

La justicia comunal

UNA REALIDAD VIGENTE EN APURÍMAC

San Miguel de Chaccrampa es uno de los distritos más pobres del país. Llegar desde Andahuaylas demora casi cuatro horas en auto, después de transitar una vía de trocha. Su población es esencialmente quechuahablante. En alturas que llegan a los 4000 m.s.n.m., los chaccrampinos sobreviven sembrando a expensa de las lluvias, pastando sus ovejas o criando cuyes y gallinas en sus casas.
La oficina del alcalde Félix Vargas es de lo más sencilla: algunos cuadros en la pared de adobe, un sofá antiguo y una banca de madera. En su pupitre, la infaltable bandera peruana. La oficina del gobernador Alejandro Valdez luce en la pared un enorme y saludable retrato del presidente de la República, Alan García Pérez. Al lado, el chicote como su símbolo de autoridad.
En el distrito no hay comisaría. La justicia en zonas rurales como Chaccrampa tiene otros nombres. Están el juez de paz, el gobernador, los tenientes gobernadores, la directiva de la comunidad campesina y los agentes municipales, entre otros.
En sus anexos –Taccta, San Juan de Pampa, Yuracc Corral, Iglesia Pata, Virgen del Tambo y Yanacullo–, la población reconoce a sus autoridades comunales y respeta las decisiones que toman, cuando ocurre algún conflicto. Ir a la capital de la provincia a resolver sus litigios significaría dejar de trabajar, gastar en pasaje, alojamiento, abogado y otros costos, sin que ello asegure que la justicia resolverá a su favor. Cuando hay casos graves, las autoridades informan a la policía, para lo cual deben caminar ocho horas, ida y vuelta, en medio de cerros, quebradas y parajes desolados, hasta la comisaría más cercana o esperar un transporte para Andahuaylas.
La justicia comunal es efectiva, no necesita tanto discurso ni papel, ni que éstos pasen de una oficina a otra, ni que le pongan sello tras sello, etcétera. Los pobladores tampoco podrían soportar el gasto que demanda ir a la justicia ordinaria. Casi no existe el abigeato, mas sí problemas de “daños” cuando por ejemplo una vaca u oveja ingresa a un lugar ajeno para comer del sembrío. También existen los “chismes”, por ser un pueblo pequeño. La violencia familiar es visible por el consumo de alcohol, problemas económicos o falta de orientación familiar. Cuando hay problemas entre las parejas, se convoca a los cónyuges y también a los padrinos o familiares más cercanos para encontrar una solución.
“Tratamos de vivir en paz”, dice el gobernador. No faltan problemas entre los comuneros, pero se trata de resolver en armonía, sin llegar a situaciones de agresión física. Cuentan con el apoyo del Programa de Acceso a la Justicia en Comunidades Rurales (Projur), el cual capacita a las autoridades comunales. “La población no sólo debe conocer sus derechos, sino también sus deberes”.

(*) Programa de Acceso a la Justicia en Comunidades Rurales (Projur).
Wuille Ruiz Figueroa
Abogado (*)

EL PERUANO 03-03-09

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