Defensa legal de oficio

El Congreso de la República aprobó, recientemente, la Ley del Servicio de Defensa Pública, que tiene por finalidad garantizar a todos los ciudadanos contar con un abogado que ejerza en su nombre el derecho a la defensa, en forma gratuita. Este letrado es el defensor de oficio o público, pagado por el Estado para las personas que no puedan solventar los honorarios profesionales de un defensor. Como se sabe, por mandato constitucional, el Estado está obligado a ofrecer el servicio público de la impartición de justicia y las personas que carecen de recursos económicos pueden recurrir a estos abogados.

En ese sentido, se precisa que la nueva norma busca asegurar el derecho a la defensa, proporcionando asistencia y asesoría legal gratuita a las personas, máxime a los de escasos recursos y en los casos que la ley establece. Asimismo, se garantiza la gratuidad de los servicios prestados por estos defensores, que actuarán con eficiencia y probidad; es decir, profesionalmente, al margen de prejuicios o intereses personales.

En otras palabras, este servicio se prestará buscando la eficacia de las actuaciones procesales con calidad y transparencia en favor de los usuarios. A tal efecto, se establece que el defensor público actuará en favor de los interesados, cumpliendo y exigiendo en todo momento la observancia de la Constitución, de los tratados internacionales, especialmente aquellos que se refieren a temas vinculados con la defensa de los derechos humanos y el orden jurídico interno.

Por otro lado, la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal (CPP-2004) permitirá al Ministerio de Justicia programar un aumento significativo en el número de los defensores de oficio con los que cuenta para asesorar a los litigantes, con el objetivo de solucionar rápidamente sus conflictos. Actualmente, hay alrededor de 900 defensores de oficio en el ámbito nacional, y ese número se multiplicará por el tema del nuevo CPP-2004. Es por ello que se necesita más defensores públicos.

Esta ley, además, crea un sistema integral que involucra todas las materias judiciales; es decir, penal, civil, laboral y de familia. Del mismo modo, la norma asegura una carrera de defensores de oficio profesionales, que serán monitoreados por un organismo afín. Finalmente, no hay que olvidar que esta ley es importante porque permitirá fortalecer el trabajo de los defensores de oficio.

EL PERUANO