Editorial
Todavía está en balance el resultado del paro agrario y de las protestas realizadas en el Cusco. A las consabidas pérdidas económicas, que en el caso de la Ciudad Imperial ascienden a más de dos millones de dólares, hay que sumar el saldo de muertos y heridos. No son pocos los efectivos policiales que tienen lesiones producidas por piedras, palos u otros objetos contundentes; muchos agentes del orden están ahora hospitalizados. Pero hay que ser claros en reconocer que existe más heridos cuando la PNP actúa después que una vía fue bloqueada, a cuando se interviene antes que los revoltosos tomen la iniciativa violenta de impedir el libre tránsito de las unidades de transporte público y de carga.
Los bloqueos de carreteras son cada vez más violentos y tal parece que dentro de los manifestantes existe un núcleo encubierto de terroristas que ha cambiado el método de la lucha armada practicado en los ochenta, pues ahora esos subversivos actúan muy prestos, como si fueran simples pobladores, a organizar el éxito de este tipo de medidas de fuerza; y lo hacen con tal contundencia que el Ministerio Público y la PNP se ven rebasados por estas nuevas formas de caos social.
Una vez más le ha faltado a la Policía y a la Fiscalía coordinación para que juntos participen eficientemente en la prevención del delito, toda vez que el bloqueo de carreteras atenta no sólo contra el derecho al libre tránsito de las personas sino también contra el derecho a recibir atención médica oportuna, en el caso de los pasajeros enfermos; a asistir a los centros laborales, en el caso de los trabajadores; a la recreación, en el caso de turistas, etc. Lamentablemente los miembros de estas instituciones del Estado actuaron tarde, cuando miles de ómnibus interprovinciales ya estaban varados en zonas agrestes de Arequipa, Ayacucho, Lima (Huacho) o Cusco y con riesgo de ser saqueados.
En una democracia todos los ciudadanos tienen derecho a protestar, siempre y cuando esas protestas no degeneren en violencia y no atenten contra el derecho de los demás a una vida pacífica y sin alteración del orden público. Pero unos cuantos extremistas terroristas, infiltrados en organizaciones como la Junta de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú, causaron grave daño no sólo al Estado sino a mujeres, ancianos y niños que nada tienen que ver con los reclamos de este gremio. Ahora bien, para nadie es un secreto que el actual gobierno tiene experiencia frente a este tipo de acciones radicales, que se realizan principalmente en zonas conocidas del sur andino pobre, pues éstas ocurren sistemáticamente desde que el presidente Alan García asumió la conducción de la nación por segunda vez.
Entonces las autoridades deberían estar preparadas para evitar el bloqueo de carreteras, aún más cuando existe una ley que señala que esa acción de protesta es delito. Sin embargo hemos visto cómo los miembros del Ministerio Público y de la PNP no han tenido la voluntad para hacer cumplir la norma, pues no previnieron los hechos. Ahora millones de ciudadanos que se movilizan de un lugar a otro dentro del país quieren que el bloqueo de las vías públicas no se repita. Procesar a los autores intelectuales y materiales de este tipo de barbarie es una forma de prevención a futuro.
Todavía está en balance el resultado del paro agrario y de las protestas realizadas en el Cusco. A las consabidas pérdidas económicas, que en el caso de la Ciudad Imperial ascienden a más de dos millones de dólares, hay que sumar el saldo de muertos y heridos. No son pocos los efectivos policiales que tienen lesiones producidas por piedras, palos u otros objetos contundentes; muchos agentes del orden están ahora hospitalizados. Pero hay que ser claros en reconocer que existe más heridos cuando la PNP actúa después que una vía fue bloqueada, a cuando se interviene antes que los revoltosos tomen la iniciativa violenta de impedir el libre tránsito de las unidades de transporte público y de carga.
Los bloqueos de carreteras son cada vez más violentos y tal parece que dentro de los manifestantes existe un núcleo encubierto de terroristas que ha cambiado el método de la lucha armada practicado en los ochenta, pues ahora esos subversivos actúan muy prestos, como si fueran simples pobladores, a organizar el éxito de este tipo de medidas de fuerza; y lo hacen con tal contundencia que el Ministerio Público y la PNP se ven rebasados por estas nuevas formas de caos social.
Una vez más le ha faltado a la Policía y a la Fiscalía coordinación para que juntos participen eficientemente en la prevención del delito, toda vez que el bloqueo de carreteras atenta no sólo contra el derecho al libre tránsito de las personas sino también contra el derecho a recibir atención médica oportuna, en el caso de los pasajeros enfermos; a asistir a los centros laborales, en el caso de los trabajadores; a la recreación, en el caso de turistas, etc. Lamentablemente los miembros de estas instituciones del Estado actuaron tarde, cuando miles de ómnibus interprovinciales ya estaban varados en zonas agrestes de Arequipa, Ayacucho, Lima (Huacho) o Cusco y con riesgo de ser saqueados.
En una democracia todos los ciudadanos tienen derecho a protestar, siempre y cuando esas protestas no degeneren en violencia y no atenten contra el derecho de los demás a una vida pacífica y sin alteración del orden público. Pero unos cuantos extremistas terroristas, infiltrados en organizaciones como la Junta de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú, causaron grave daño no sólo al Estado sino a mujeres, ancianos y niños que nada tienen que ver con los reclamos de este gremio. Ahora bien, para nadie es un secreto que el actual gobierno tiene experiencia frente a este tipo de acciones radicales, que se realizan principalmente en zonas conocidas del sur andino pobre, pues éstas ocurren sistemáticamente desde que el presidente Alan García asumió la conducción de la nación por segunda vez.
Entonces las autoridades deberían estar preparadas para evitar el bloqueo de carreteras, aún más cuando existe una ley que señala que esa acción de protesta es delito. Sin embargo hemos visto cómo los miembros del Ministerio Público y de la PNP no han tenido la voluntad para hacer cumplir la norma, pues no previnieron los hechos. Ahora millones de ciudadanos que se movilizan de un lugar a otro dentro del país quieren que el bloqueo de las vías públicas no se repita. Procesar a los autores intelectuales y materiales de este tipo de barbarie es una forma de prevención a futuro.
EXPRESO 05-03-08
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